Bolivia: “Terrorismo de Estado”. Violación de los derechos humanos, represión y muerte.

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La represión ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, incontables casos de apremios y tortura, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas (hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Sin excepción en Bolivia se han violado todas las garantías constitucionales de la población y especialmente de funcionarios y actores de los movimientos sociales indígenas de la oposición y los más elementales derechos humanos de las personas, luego del auto proclamado gobierno de facto.

En una represión sin precedentes en los últimos 37 años desde que volvió la democracia al país, tras el golpe se ha perseguido, amedrentado, acosado, estigmatizado, violado, torturado, castigado y matado a una importante parte de la población indígena tanto urbana como campesina. Con el uso de la fuerzas policiales y militares como en la década de los 70 y bajo un discurso racista, clasista y religioso se han destruido viviendas, se han provocado incendios y se han utilizados grupos civiles para linchar, humillar y amenazar a la población civil en sus manifestaciones pacíficas y a los funcionarios, colaboradores y legisladores pertenecientes al MAS.

La Delegación Argentina en solidaridad con Bolivia, que ingresó al país, conformada por un equipo multidisciplinario cuyos integrantes pertenecen a movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, recogió testimonios de cientos de personas, víctimas hospitalizadas o en sus domicilios particulares y realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con políticos y movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas constata lo siguiente en su informe preliminar:

 

Masacre contra la población civil por las fuerzas armadas

Sacaba (Cochabamba) 6 muertos y centenares de heridos y en Senkata (Ciudad del Alto) 9 muertos, desaparecidos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias.

Desaparición forzada de personas

Se ha constatado la Desaparición forzada de personas sumado a personas que se suponen detenidas en dependencias estatales cuyos familiares no han podido contactar y de las cuales el gobierno de facto no ha dado información.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Casos de violación y abusos sexuales graves perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad y casos de tortura pública y en dependencias estatales.

Ataques contra funcionarios, gobernantes, legisladores y sus familias.

Esto incluye destrucción de viviendas particulares, viviendas de familiares, incendios, humillación pública y linchamientos. Se habilitan “zonas liberadas” donde actúan grupos para-policiales entre ellos “La Unión Juvenil Cruceñista”

Persecución a dirigentes de movimientos sociales, sindicales, indígenas y campesinos

En la zona del Alto y Chapare: destrucción de viviendas, incendios y vulneración de sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la legítima defensa.

Han sido perseguidos, detenidos y carecen de garantía procesal.

Represión de manifestaciones públicas

Uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparo desde vehículos militares y golpizas a los manifestantes. Son de forma ilegal detenidos y procesados por sedición y terrorismo.

Falta de libertad de Prensa

Los periodistas locales son amenazados, hostigados y restringida su libertad de acción. La prensa internacional también es hostigada y acosada.

Promoción del racismo y discurso del odio

Con un discurso racista, se han estigmatizado y discriminado a dirigentes opositores y se les ha negados salvoconductos a aquellos que han pedido asilo político y han sido aceptados por el país de recepción.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial está coaccionado por el gobierno de facto. Las víctimas y familiares fueron obligados a cambiar sus declaraciones hasta en los hospitales como condición para ser atendidos.

Hostigamiento policial a las delegaciones internacionales de derechos humanos.

Operaciones de espionaje y escuchas ilegales.

Es sabido que la delegación argentina fue aislada, sometida a interrogatorio y agredida verbal y físicamente además de recibir amenazas. Tal es así que el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, … a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías” …

“Está claro que lo que hace falta es la actuación de un órgano supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que un país abra una instancia de juicio, como fue Argentina con el tema de las víctimas del franquismo o España con la dictadura chilena”, apuntó Carlés, destacando la falta de apoyo internacional para una situación como la que atraviesa Bolivia.

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