El mundo mira atentamente al tribunal de Westminster porque el 04 de enero se pronunciará sobre la petición de extradición de Julian Assange a EEUU que continúa detenido en la cárcel de máxima seguridad de Londres sin acceso a familiares y ni siquiera a sus abogados. 

El trato al que es sometido Julian Assange en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres; aislado de familiares e incluso de sus propios abogados, es para Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la Tortura, un caso claro de «torura» y ha declarado que «el proceso viola claramente las normas básicas de los derechos humanos, el debido proceso y el Estado de derecho»

La Justicia estadounidense reclama al periodista de investigación y exdirector de WikiLeaks, acusándolo de conspiración por haber accedido a los sistemas informáticos gubernamentales y por 17 supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje, que data de 1917, que puede condenarlo a la pena de prisión durante 175 años.

El 4 de enero, la jueza Vanessa Baraitser en Londres anunciará su decisión sobre si el periodista de investigación será extraditado o no a los Estados Unidos, y este fallo será una verdadera prueba de fuego para la libertad de prensa. Los dictadores del mundo esperan ansiosos que el periodista sea remitido a Estados Unidos y que, quienes se dicen los custodios de la democracia en el mundo, lo condenen a prisión de por vida.

Paradójicamente los Estados Unidos, que se autoproclama custodios de la democracia en el mundo, ha obtenido este año un número récord de periodistas arrestados en Estados Unidos, con al menos 117 casos verificados de periodistas arrestados mientras cumplían tareas periodísticas.

Freedom of the Press Foundation (FPF) que es una organización sin fines de lucro,que trabaja por custodiar la libertad de prensa en el mundo, en la la voz de su director Trevor Timm, reclamó que se cumpla la primera enmienda de la constitución estadounidense que garantiza la libertad de prensa para los periodistas.

Por su parte, el abogado penalista estadounidense, Eric Lewis, expuso también el móvil político de un procedimiento judicial que, según recordó, se basa en «hechos que ya se conocían desde 2012» y que la administración del presidente Barack Obama rechazó procesar. «El procesamiento de Julian Assange forma parte del esfuerzo de Trump para desviar la atención de la ayuda que le prestó WikiLeaks… Quiere encarcelar a Assange para silenciarlo», declaró por video conferencia ante la jueza Vannesa Baraitser, que preside el caso en primera instancia.

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