El Salvador sigue desoyendo a la ONU y mantiene en prisión a más de 180 mujeres por abortar.

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El Gobierno de El Salvador continúa sin cumplir la petición de la ONU y mantiene en prisión con condenas de hasta 50 años, a más de 180 mujeres por abortar.

El sistema judicial de El Salvador penaliza el aborto, tanto voluntario como espontáneo, con la mayor de las condenas de su código penal, que puede llegar a 50 años y mantiene en prisión efectiva a más de 180 mujeres.

El caso Sara Rogel García resulta paradigmático del la injusticia que viven las mujeres en El Salvador; Sara se resbaló en el patio de su casa y el accidente terminó en un aborto involuntario. Fue detenida en el hospital, cuando suplicaba atención, y de allí fue llevada a prisión. Tenía 22 años, ya tiene 30. Hace cinco meses el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU le pidió al Gobierno la liberación inmediata de tres mujeres, entre las cuales estaba Sara, pero el reclamo de la ONU sigue desoído por la justicia y el gobierno salvadoreño. Las organizaciones de Derechos Humano esperan que el próximo paso sea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga un pronunciamiento a favor de las 180  mujeres condenadas.

Pero ninguna queda libre de la condena social e incluso en la cárcel las mujeres condenadas por aborto son mal vistas por el resto de presas y cuando cumplen su condena pasan el resto de su vida ocultando que una vez abortaron, porque en El Salvador éste hecho es una de las “cosas peores vistas” por una sociedad que las discriminará hasta su último día.

Las organizaciones de Derechos Humanos se esperanzan porque obtuvieron hace un año una victoria jurídica con el caso de Evelyn Hernández, que tuvo un aborto espontáneo, ella despidió el feto sin saber que estaba embarazada, por eso fue condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel, acusada por la Fiscalía de la muerte de su bebé al dar a luz. La sentencia fue anulada en febrero de 2019 por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó un nuevo juicio en el que la Fiscalía pidió se le impusiera una pena de 40 años de prisión. En agosto de ese año, un tribunal la liberó de cargos. Pero es sólo un caso en un mar de injusticias, una de sólo cuarenta y dos absoluciones en los últimos treinta años.

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