La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la situación en Perú.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter,  pidiendo al gobierno de Perú que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. De igual manera la Comisión consideró que Perú debe resolver sus problemas cumpliendo los estándares interamericanos sobre separación de poderes.

Manuel Merino de Lama, ahora excongresista se puso la banda presidencial en el Congreso este martes, mientras en las calles la ciudadanía mostraba su rechazo a la destitución del Presidente Vizcarra con protestas en diversos puntos del país.

Hasta anoche se encontraban privados de su libertad más de 30 personas, entre ellas trabajadores de prensa, mientras se desconoce el número de heridos por la represión de la policía militar peruana, a las manifestaciones populares contra la destitución del presidente Vizcarra y la asunción inmediata de Merino como presidente de Perú.

Recordemos que este mismo parlamento, hace pocos meses atrás, promulgó la Ley N° 31012, “Ley de protección policial”, cuyo párrafo principal indica: “Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte” es decir que las fuerzas de seguridad pueden reprimir hasta matar que quedaran exentos de rendir cuentas a la justicia.

Por su parte Gloria Cano, Secretaria General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifestó que “Quienes han votado a favor de la vacancia presidencial, han entregado el poder a grupos con intereses particulares sobre la educación, el tráfico de terrenos, el transporte, la trata de personas, entre muchos otros”

Arrojando nafta al fuego, el congresista,  empresario, fundador y líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, que apoyó la destitución de Vizcarra, llama a «contratar reservistas» lo que sólo puede entenderse como un eufemismo de formar fuerzas paramilitares para reprimir las protestas contra el gobierno de facto que han impuesto.

Lo cierto es que Vizcarra deja la presidencia con un 50% de apoyo popular y la Constitución del Perú le otorga inmunidad al presidente, que no puede ser procesado durante su gestión y sólo puede ser destituido por casos puntuales, como traición, abandonar sin permiso el país, impedir las elecciones, dentro de las cuales no encajan los cargos que el Congreso le imputa a Vizcarra, ya que ninguna de estas circunstancias estaba dada, de modo que el Congreso optó por forzar la figura de “incapacidad moral permanente”, lo que resulta, a juicio de diversos constitucionalistas, absolutamente impropio para este caso.

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