«Participación Popular» fija su oposición a una Ciudad de espaldas a su río.

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El Espacio Político Cultural Participación Popular, que lidera el Dr. Eduardo Jozami, ha dado a conocer un comunicado donde fundamenta claramente su oposición a la venta de más espacios públicos y, fundamentalmente, a todas aquellas operaciones inmobiliarias que buscan poner definitivamente a Buenos Aires de espaldas al Río de la Plata, para favorecer negocios poco claros.

Aquí el comunicado:

EL RIO ES DE TODXS

La ciudad en venta y de espaldas al río

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado, al igual que la de su antecesor, por la privatización de tierras públicas. Entre 2009 y 2019, bajo la gestión del PRO, el Gobierno porteño vendió cientos de hectáreas de tierra de la Ciudad a través de leyes que se sancionaron en la Legislatura. Durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, la Agencia de Bienes del Estado posibilitó la subasta de otras 78 hectáreas de tierras nacionales en la CABA,  a través de transferencias de suelo y acuerdos urbanísticos entre ambas jurisdicciones. Gran parte de estas tierras fueron destinadas a desarrollos inmobiliarios de lujo.

Negocios inmobiliarios a costa de tierras públicas

En la década del 90 fueron entregadas, por parte del Gobiernos Nacional, las concesiones de las tierras de lo que luego fue Costa Salguero y Punta Carrasco, 32 hectáreas ubicadas en Costanera Norte. En el año 2001, el gobierno nacional transfirió estas tierras a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casi 30 años después el Gobierno de la Ciudad, ya conducido por el actual oficialismo, promovió el proyecto ‘Distrito Joven’, para la modificación de la Costanera Norte.

El 5 de diciembre de 2019 la Legislatura resolvió autorizar la venta de las tierras correspondientes al predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecían al dominio público, eludiendo la disposición de la Constitución de la Ciudad que exige para toda desafectación de inmuebles del dominio público la realización de audiencia pública y la aprobación en 2ª. vuelta.

La maniobra legislativa fue cuestionada en la justicia de la Ciudad y la Sala IIa. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, aceptando una medida cautelar, frenó en un fallo ejemplar la venta de los terrenos, enfatizando que no basta la decisión de una funcionaria del Ejecutivo para considerar privados los terrenos costeros que la Constitución considera de dominio público. Para que se autorice la venta el Gobierno de la Ciudad necesita una nueva aprobación de la resolución votada el 5 de diciembre, pero con la nueva integración de la Legislatura le será difícil lograr los dos tercios necesarios.

Además, el oficialismo requiere la sanción de una nueva norma urbanística que autorice el proyecto faraónico y esto es lo que se discutirá en la Audiencia Pública del 27 de noviembre. El 8 de octubre de 2020 se aprobó, en 1ªlectura, un proyecto de rezonificación de dicho predio (cambiar urbanización “Parque” por “Futura”) con los votos de Juntos por el Cambio y sus aliados (Evolución y la Coalición Cívica). Para que se convierta en ley deberá ser votado, en segunda lectura, después de la Audiencia Pública. La aprobación de este proyecto implicaría un nuevo avance hacia la privatización de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios de 10 pisos de altura (29m) frente al río.

Por qué nos oponemos

De sancionarse, esta ley violaría el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, que indica que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, y el artículo 9 del  Plan Urbano Ambiental, que establece que se deben “destinar a uso público los predios del dominio estatal que se desafecten en las riberas”.

De igual modo iría en contra del artículo 27 de la Constitución: “La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantizar su uso común” además señala “La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica”.

La misma Constitución en su artículo 29 define la elaboración del Plan Urbano Ambiental como ley marco a la que se debe ajustar el resto de la normativa urbanística y las obras públicas. Es decir que el proyecto de rezonificación no se encuadra en el Plan Urbano Ambiental (PUA) que rige hasta el momento, no se ajusta a la ley marco con rango constitucional que establece el Proyecto de Ciudad. Por otro lado, es ilógico e ilegal aprobar un cambio de normativa urbanística antes de que se actualice el Plan Urbano Ambiental. El PUA actual señala que debe preservarse el dominio público de la Ribera. Asimismo en el apartado Diagnóstico observa que: “Las costas del Río de la Plata y del Riachuelo así como los grandes predios […] representan oportunidades para desarrollar espacios de uso público. Los primeros presentan una diametral diferencia entre un sector norte atractivo y un sector sur degradado, aunque todos ellos presentan dificultades en su accesibilidad”.

La Legislatura se encuentra tratando una reforma al Código Urbanístico, para corregir el sancionado en 2018, por lo cual resultaría imprudente aprobar un proyecto de ley en forma individual, que afectaría a una gran cantidad de tierras costeras, antes de aprobar la reforma al código.

El proyecto promovido por el oficialismo, además, disminuye el espacio verde de la ciudad  y presionará sobre los ya existentes. Quedó demostrado este año con el advenimiento del COVID 19 la necesidad de contar con espacios verdes y públicos accesibles a todxs. Por otro lado  la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 15 a 20 m2 por habitante y en la ciudad existen 6 m2 promedio/habitante, según estadísticas oficiales. Es decir, debe más que duplicar sus espacios verdes y no disminuirlos.

Se vuelve urgente preservar las escasas reservas de suelo urbano existente, así como denunciar el alcance y las consecuencias ambientales y urbanas que podría ocasionar la ocupación con emprendimientos inmobiliarios de estos terrenos.

El proyecto introduce la división parcelaria del sector Costa Salguero que en la ley vigente no está permitida, lo que abre la puerta a futuros loteos en los otros cuatro sectores en que se divide el Distrito Joven.

Se levanta otra barrera más entre la Ciudad y el río como consecuencia de las grandes extensiones de cemento de los edificios a construir, por lo cual la vista al río queda exclusivamente para las viviendas. Es decir, que cuando camines por ese sector de la Costanera, vas a ver bloques de hormigón y no el río.

Para justificar la venta, el Gobierno porteño sostiene que una porción de los terrenos sería utilizada para un parque. El engaño habitual es que cuando una ley dice que «un 65% del espacio será público» contabilizan como «público» lo que en realidad son accesos lujosos para edificios privados.

El proyecto, además, contribuirá a sedimentar la ‘isla de calor’ que nos acosa durante los veranos, el aire del río ayuda a bajar la temperatura de nuestra ciudad.

No se conoce un estudio del Impacto Ambiental que provocaría este proyecto privado. Si se crean barreras de cemento entre el río y la ciudad disminuye la ventilación que ofrecen los vientos costeros y aumenta la contaminación atmosférica generando enfermedades respiratorias y cardiovasculares cada vez más frecuentes. El exceso de cemento produce mayor cambio climático negativo disminuyendo la oxigenación suficiente para la vida, contamina el agua, genera más catástrofes como grandes inundaciones y contribuye en un cada vez más deficiente estado de salud de toda la población de la urbe.

Al vender tierra pública estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones, comprometiendo sus recursos.

Las principales consecuencias de privatizar y urbanizar parte de la Costanera son: la pérdida de suelo permeable que contribuiría a amortiguar las eventuales inundaciones debidas al cambio climático; la pérdida de espacios verdes; y de espacios públicos y recreativos en general.

Una oportunidad

Buenos Aires tuvo con su Constitución y su Plan Urbano Ambiental una idea clara de desarrollo y uso del suelo que con el macrismo no sólo se perdió sino que se transformó en una máquina de enajenación de suelo público para negocios privados.

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno ha creado un sistema que, en la práctica, funciona al servicio de los negocios de un conjunto de empresarios, a costa del patrimonio de los porteños. Las corporaciones inmobiliarias actúan sin control y con total habilitación del poder político oficialista. 

Construir propiedades en lugares exclusivos, va en contra de todo lo que la Ciudad necesita, y lo que hace es empujar el valor de la tierra para que sea más inaccesible.

El fin de la concesión por tres décadas de los predios es, en realidad, una oportunidad para recuperar el frente costero, como hizo Rosario con el Parque España y muchas otras ciudades en el país y en el mundo, y empezar a poner fin al desencuentro de la ciudad con el río. 

Es nuestra obligación denunciar este modelo de ciudad que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los de las mayorías; y redoblar los esfuerzos por recuperar los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco como espacio público, verde y popular. Los convocamos a participar de la Audiencia Pública para evitar un nuevo despojo en nuestra ciudad.

Costa Salguero y Punta Carrasco deben ser entendidas como la punta de lanza de un proceso de recuperación de la costanera y apertura del río para toda la ciudadanía y no para que se la apropien unos pocos.
           ESPACIO POLITICO CULTURAL PARTICIPACION POPULAR

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